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¿Quién debe responder por los daños sufridos por el estudiante: la empresa donde se produce el accidente o la Administración educativa responsable de su formación?

hace 3 horas
7 min de lectura

Accidentes alumnos en empresas

La formación profesional dual se ha consolidado como un modelo educativo que combina la enseñanza impartida en los centros docentes con la formación práctica desarrollada en empresas colaboradoras.


Sin embargo, esta participación de empresas privadas en el proceso formativo plantea importantes cuestiones jurídicas, especialmente cuando un alumno sufre un accidente durante sus prácticas.


¿Quién debe responder por los daños sufridos por el estudiante: la empresa donde se produce el accidente o la Administración educativa responsable de su formación?


El Tribunal Supremo, en su Sentencia 1186/2026, de 22 de octubre (ECLI:ES:TS:2026:4366), ha establecido una doctrina de especial relevancia sobre esta cuestión, al considerar que la formación práctica desarrollada en una empresa colaboradora forma parte del servicio público educativo del que es titular la Administración.


En consecuencia, los daños derivados de esa actividad formativa pueden resultar imputables a la Administración, aunque se produzcan en instalaciones privadas y tengan su origen en actuaciones u omisiones atribuidas a la empresa.


1. El supuesto analizado: un accidente durante las prácticas en una empresa


El litigio tiene su origen en el accidente sufrido por un alumno matriculado en un ciclo de grado medio de Instalaciones Frigoríficas y Climatización en un instituto público de Lucena, Córdoba.


Durante el curso 2019-2020, el estudiante realizaba prácticas formativas en una empresa colaboradora, en virtud de un convenio suscrito con el centro educativo.


El 24 de enero de 2020, mientras manejaba una máquina plegadora, sufrió lesiones graves que provocaron la amputación de las falanges distales de dos dedos de su mano derecha.


El alumno formuló una reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Administración educativa andaluza, considerando que el accidente se había producido durante una actividad integrada en su formación reglada.


Entre las circunstancias relacionadas con el accidente se alegaron deficiencias en los dispositivos de seguridad de la máquina, falta de supervisión y ausencia de información suficiente sobre su utilización.


La reclamación fue desestimada y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechazó la pretensión indemnizatoria.


La sentencia de instancia consideró que las circunstancias causantes del accidente estaban vinculadas a obligaciones asumidas por la empresa colaboradora y no a incumplimientos imputables a la Administración educativa.


Sin embargo, el Tribunal Supremo ha corregido esta interpretación.


2. La formación práctica en la empresa forma parte del servicio público educativo


La cuestión central del recurso de casación consistía en determinar qué relevancia tiene el convenio de colaboración entre el centro docente y la empresa a efectos de exigir responsabilidad patrimonial a la Administración.


El Tribunal Supremo parte de una consideración fundamental: la formación profesional dual constituye un servicio educativo unitario, aunque se desarrolle en dos ámbitos diferentes.


Por una parte, la formación teórica se imparte en el centro docente y, por otra, la formación práctica se realiza en la empresa colaboradora.


Sin embargo, ambas fases integran un mismo proceso educativo reglado.


La Administración educativa mantiene la titularidad del servicio, participa en la selección de las empresas colaboradoras y conserva funciones de organización y supervisión.


Por tanto, la empresa no actúa como un tercero completamente ajeno al servicio público, sino como una entidad que colabora directamente en su prestación.


Esta circunstancia resulta determinante para establecer la imputación jurídica de los daños sufridos por los alumnos.


3. El convenio de colaboración no desplaza la responsabilidad de la Administración


Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es el tratamiento jurídico de los convenios suscritos entre los centros educativos y las empresas.


Estos convenios pueden distribuir obligaciones relacionadas con la formación, la supervisión del alumnado, la prevención de riesgos y la utilización de instalaciones y equipos.


Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que dicha distribución de compromisos no puede utilizarse para excluir automáticamente la responsabilidad patrimonial de la Administración frente al estudiante perjudicado.


El convenio constituye un instrumento de colaboración para prestar un servicio público cuya titularidad sigue correspondiendo a la Administración.


En consecuencia, el hecho de que una determinada obligación de seguridad o supervisión corresponda a la empresa no significa que los daños derivados de su actividad formativa queden necesariamente fuera del ámbito de responsabilidad de la Administración educativa.


La relación jurídica entre la Administración y la empresa no puede alterar, por sí sola, la posición del alumno como destinatario del servicio público educativo.


4. La responsabilidad patrimonial y la necesaria relación con el servicio público


La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas se encuentra regulada, fundamentalmente, en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.


Conforme a esta normativa, los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las lesiones que sufran en sus bienes y derechos cuando sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, siempre que concurran los requisitos legalmente exigidos.


En el supuesto analizado, el Tribunal Supremo considera determinante que el accidente se produjera durante el desarrollo de la actividad formativa encomendada a la empresa.


La circunstancia de que el daño se ocasionara en instalaciones privadas no rompe, por sí sola, su conexión con el servicio público educativo.


Tampoco resulta suficiente atribuir el origen del accidente a una actuación u omisión de la empresa colaboradora para excluir automáticamente la responsabilidad administrativa.


No obstante, el Tribunal Supremo introduce una precisión importante.


No cualquier daño producido en una empresa durante el periodo de prácticas determina necesariamente la responsabilidad de la Administración.


Pueden existir circunstancias excepcionales, actuaciones de terceros o conductas del propio perjudicado que interfieran de forma relevante en la relación causal y permitan desvincular el daño del servicio educativo.


Por ello, será necesario analizar las circunstancias concretas de cada accidente y su conexión efectiva con la actividad formativa.


5. La doctrina fijada por el Tribunal Supremo


La Sentencia 1186/2026 establece que la actividad formativa desarrollada por una empresa colaboradora en el marco de la FP Dual forma parte del servicio público educativo del que es titular la Administración.


En consecuencia, los daños causados a los alumnos como consecuencia de esa actividad son imputables al servicio público.


Esta doctrina introduce una distinción esencial entre la responsabilidad derivada de la prestación del servicio educativo y las obligaciones particulares asumidas por la empresa en el convenio de colaboración.


El Tribunal Supremo considera que la eventual existencia de incumplimientos empresariales no convierte automáticamente a la empresa en un tercero ajeno al servicio educativo.


La Administración puede exigir, cuando proceda, las responsabilidades derivadas del incumplimiento del convenio, pero esta posibilidad no elimina su responsabilidad patrimonial frente al alumno perjudicado.


Por tanto, deben diferenciarse las relaciones internas entre la Administración y la empresa de la responsabilidad que puede surgir frente al estudiante como consecuencia del funcionamiento del servicio público educativo.


6. La indemnización reconocida al alumno accidentado


Aplicando esta doctrina al supuesto concreto, el Tribunal Supremo considera acreditada la conexión entre el accidente y la actividad formativa desarrollada en la empresa.


También rechaza que la falta de experiencia del alumno permita excluir la responsabilidad de la Administración en las circunstancias examinadas.


La sentencia destaca que la impericia puede ser inherente a la propia condición de estudiante que se encuentra adquiriendo conocimientos y habilidades profesionales.


En consecuencia, el Tribunal Supremo anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y reconoce el derecho del alumno a percibir una indemnización de 42.313,11 euros, más los intereses legales correspondientes.


La condena se establece solidariamente frente a la Junta de Andalucía y su aseguradora, esta última dentro de los límites de la póliza contratada.


El Tribunal también rechaza distribuir la indemnización atribuyendo un porcentaje de responsabilidad a la empresa, sin perjuicio de las acciones que puedan corresponder en el ámbito del convenio de colaboración.


7. ¿Qué consecuencias tiene esta sentencia para los centros educativos y las empresas?


La doctrina del Tribunal Supremo tiene importantes implicaciones prácticas para las Administraciones educativas, los centros docentes y las empresas que participan en programas de formación profesional dual.


En primer lugar, confirma que la colaboración empresarial no supone una desvinculación de la Administración respecto de la fase práctica de la enseñanza.


La Administración mantiene su responsabilidad como titular del servicio público educativo, incluso cuando parte de la formación se desarrolla fuera de sus instalaciones.


En segundo lugar, pone de manifiesto la importancia de establecer mecanismos adecuados de supervisión, coordinación y prevención de riesgos durante las prácticas.


Por su parte, las empresas colaboradoras deben continuar cumpliendo las obligaciones que les correspondan en materia de seguridad, información y supervisión del alumnado.


La sentencia no supone una exoneración general de las empresas frente a sus propios incumplimientos.


Por último, resulta especialmente relevante revisar el contenido de los convenios de colaboración y las coberturas aseguradoras, teniendo en cuenta que la distribución contractual de obligaciones no determina por sí sola la exclusión de la responsabilidad patrimonial administrativa.


8. Conclusión: la colaboración privada no elimina la responsabilidad pública


La Sentencia del Tribunal Supremo 1186/2026, de 22 de octubre, establece un criterio de especial relevancia para delimitar la responsabilidad por los accidentes sufridos por alumnos durante las prácticas de formación profesional dual.


El Alto Tribunal considera que la formación práctica desarrollada en una empresa colaboradora constituye una parte integrante del servicio público educativo.


En consecuencia, la Administración no puede excluir automáticamente su responsabilidad alegando que el accidente se produjo en instalaciones privadas o que las obligaciones relacionadas con su prevención correspondían a la empresa conforme al convenio de colaboración.


Lo determinante será establecer si el daño se produjo como consecuencia de la actividad formativa integrada en el servicio público y si concurren los restantes requisitos de la responsabilidad patrimonial.


Esta doctrina no convierte a la Administración en responsable universal de cualquier accidente, pero impide desvincularla del servicio educativo por la mera intervención de una empresa privada.


En definitiva, la participación de empresas colaboradoras en la formación profesional dual no altera la titularidad pública del servicio educativo ni elimina las responsabilidades que pueden derivarse de su prestación.


La sentencia refuerza así la protección jurídica del alumnado y recuerda que la organización de un servicio público mediante fórmulas de colaboración con entidades privadas no permite trasladar automáticamente a estas las consecuencias de los daños producidos durante su funcionamiento. Referencia jurisprudencial


Tribunal Supremo — Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta

Sentencia 1186/2026, de 22 de octubre de 2026


  • Recurso de casación: 5558/2024.

  • ECLI: ES:TS:2026:4366.

  • Ponente: Ángeles Huet de Sande.

  • Fundamentos jurídicos de especial interés: quinto, sexto y octavo.

 
 
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