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Despedir a un trabajador por consumir alcohol durante su jornada laboral: cuándo pueden utilizarse las cámaras de seguridad como prueba

hace 3 horas
6 min de lectura

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declara improcedente el despido porque la empresa no acreditó que los trabajadores conocieran la existencia de las cámaras de seguridad utilizadas para demostrar la infracción.


Tomarse una cerveza durante la jornada laboral puede acabar en despido, especialmente cuando las normas de la empresa prohíben expresamente consumir alcohol mientras se trabaja.


Sin embargo, sancionar este comportamiento no siempre resulta tan sencillo. Así lo demuestra el caso de un ayudante de camarero al que su empresa despidió por presuntamente beberse una cerveza sin pagarla y que ha conseguido que la Justicia declare improcedente su despido.


El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón al trabajador al considerar que las grabaciones de las cámaras de videovigilancia utilizadas por la empresa para justificar su decisión no reunían las garantías necesarias. Como consecuencia, la compañía deberá elegir entre readmitir al empleado, con el correspondiente abono de los salarios de tramitación, o indemnizarlo con 5.272,80 euros.


La empresa lo despidió por beber una cerveza sin pagar durante su turno


Los hechos se remontan al 14 de septiembre de 2024, cuando el trabajador, que prestaba servicios como ayudante de camarero desde marzo de 2021, fue supuestamente grabado mientras consumía una cerveza en la zona del establecimiento destinada a los clientes.


Según la versión de la empresa, el empleado se encontraba fuera de la barra, había consumido la bebida sin abonarla y estaba incumpliendo las normas internas del negocio, que prohibían expresamente a los trabajadores beber alcohol durante el servicio.


La compañía consideró que estos hechos justificaban una sanción disciplinaria y, cuatro días después, el 18 de septiembre de 2024, le comunicó la extinción de su contrato.


El camarero, que llevaba más de tres años trabajando en el establecimiento, no aceptó la decisión y acudió a los tribunales para impugnar el despido.


El Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuestiona la prueba utilizada por la empresa


La clave del procedimiento no estuvo únicamente en determinar si el trabajador había consumido o no la cerveza, sino en comprobar si la empresa podía utilizar legalmente las imágenes captadas por sus cámaras de seguridad.


En un primer momento, el Juzgado de lo Social número 20 de Madrid rechazó la demanda del trabajador mediante una sentencia dictada en mayo de 2025. Sin embargo, el empleado recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, insistiendo en que las grabaciones no podían servir como prueba porque no se había acreditado que conociera previamente la existencia de las cámaras.


Al examinar el asunto, los magistrados recordaron que las empresas pueden utilizar sistemas de videovigilancia para controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales, pero deben respetar los derechos fundamentales de sus empleados, especialmente los relacionados con la intimidad y la protección de datos.


La Sala destacó una circunstancia decisiva: «no hay ningún hecho probado que exprese si las cámaras de videovigilancia eran visibles, ni si los empleados conocían su instalación previamente».


Esta ausencia de información resultó determinante para cuestionar la validez de las imágenes empleadas como prueba del incumplimiento laboral.


El tribunal también recordó que la videovigilancia encubierta puede admitirse excepcionalmente cuando existen sospechas razonables de irregularidades graves y concurren las garantías exigidas por la jurisprudencia. Sin embargo, no puede utilizarse indiscriminadamente como un sistema de vigilancia oculto y rutinario.


La empresa tendrá que readmitir al camarero o pagarle 5.272,80 euros


Tras analizar el recurso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró improcedente el despido disciplinario.


Esto significa que la empresa deberá optar entre dos alternativas: reincorporar al trabajador a su puesto, abonándole los salarios de tramitación que correspondan, o dar por finalizada la relación laboral mediante el pago de una indemnización de 5.272,80 euros.


Conviene señalar que la sentencia no establece que los camareros tengan derecho a consumir alcohol durante su jornada laboral ni que beber cerveza mientras se trabaja sea una conducta que no pueda sancionarse.


Lo que determina el fallo es que una empresa debe contar con pruebas obtenidas legalmente y suficientes para justificar una medida tan grave como el despido disciplinario.


Este caso pone de manifiesto que, incluso cuando una compañía considera que un trabajador ha incumplido sus obligaciones, debe respetar las garantías legales al investigar y acreditar los hechos. De lo contrario, una conducta que podría justificar una sanción puede terminar convirtiéndose en un despido improcedente con consecuencias económicas para el empresario.

Requisitos legales para utilizar grabaciones de videovigilancia como prueba de un despido disciplinario


La utilización de cámaras de videovigilancia en el centro de trabajo puede ser un medio válido para acreditar incumplimientos laborales y justificar un despido disciplinario. Sin embargo, su uso está sujeto a una serie de requisitos legales que las empresas deben respetar para evitar que las grabaciones sean cuestionadas o declaradas pruebas ilícitas en un procedimiento judicial.


El artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores reconoce al empresario la facultad de adoptar medidas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales. No obstante, esta facultad debe ejercerse respetando la dignidad de los trabajadores y sus derechos fundamentales, especialmente los relativos a la intimidad y a la protección de datos personales.


Por su parte, el artículo 89 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), regula específicamente el tratamiento de imágenes obtenidas mediante cámaras de videovigilancia con fines de control laboral.


Información previa a los trabajadores sobre la existencia de cámaras


Como regla general, la empresa debe informar previamente a los trabajadores, de forma expresa, clara y concisa, de la existencia de cámaras de videovigilancia y de su posible utilización para controlar el cumplimiento de sus obligaciones laborales.


Esta información debe facilitarse antes de que las imágenes sean utilizadas con fines de control y puede incorporarse a una comunicación específica dirigida a la plantilla, sin perjuicio de la obligación de instalar los correspondientes carteles informativos.


No obstante, la legislación contempla una particularidad importante: cuando las cámaras captan la comisión flagrante de un acto ilícito por parte de un trabajador, el deber de información puede entenderse cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo visible, en los términos previstos en el artículo 22.4 de la LOPDGDD.


Esto no significa que cualquier grabación obtenida sin información previa resulte automáticamente válida. Su admisibilidad dependerá de las circunstancias concretas y del respeto a las garantías legales.


Existencia de una finalidad legítima y proporcionalidad de la vigilancia


La instalación y utilización de cámaras debe responder a una finalidad legítima, como la seguridad de las instalaciones, la protección del patrimonio empresarial o el control del cumplimiento de las obligaciones laborales.


Además, la medida debe respetar el principio de proporcionalidad. Para valorar su adecuación pueden tenerse en cuenta, entre otros factores, la finalidad perseguida, el alcance de la vigilancia, las zonas grabadas, la duración de la medida y la existencia de alternativas menos invasivas.


Especialmente cuando se recurre a sistemas de vigilancia encubierta, la jurisprudencia exige una justificación reforzada. La existencia de sospechas razonables de irregularidades graves puede resultar relevante para valorar la legitimidad de la medida, pero no constituye una autorización general para grabar ocultamente a los trabajadores.


Lugares en los que pueden instalarse las cámaras


La empresa debe limitar la captación de imágenes a los espacios en los que resulte legítimo ejercer las facultades de vigilancia y control.


El artículo 89.2 de la LOPDGDD prohíbe instalar sistemas de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores, como vestuarios, aseos, comedores y espacios análogos.


Por tanto, no basta con que las cámaras estén instaladas dentro de un establecimiento propiedad de la empresa. También es necesario comprobar que su ubicación y el ámbito de grabación respetan los límites legales.


Conservación de las grabaciones y aportación al procedimiento judicial


Cuando las cámaras registran una conducta que podría constituir un incumplimiento laboral, la empresa debe preservar las imágenes relevantes de manera que pueda acreditar su procedencia e integridad.


El artículo 22.3 de la LOPDGDD establece, con carácter general, un plazo máximo de conservación de un mes para las imágenes captadas mediante sistemas de videovigilancia, sin perjuicio de las excepciones legalmente previstas.


Si la grabación resulta necesaria para acreditar una conducta susceptible de sanción, la empresa debe gestionar su conservación conforme a la normativa de protección de datos, evitando accesos, tratamientos o comunicaciones injustificados.


En caso de impugnación judicial del despido, corresponderá a la empresa acreditar los hechos que justifican su decisión y aportar las pruebas pertinentes. El trabajador podrá cuestionar tanto la autenticidad o el contenido de las imágenes como la legalidad de su obtención.


La grabación no justifica por sí sola el despido disciplinario


Por último, es importante recordar que disponer de una grabación válida no implica que cualquier conducta registrada permita despedir al trabajador.


Para que el despido disciplinario sea procedente, el incumplimiento debe reunir los requisitos de gravedad y culpabilidad exigidos por el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores.


También deben tenerse en cuenta las previsiones del convenio colectivo aplicable, la proporcionalidad de la sanción, la comunicación escrita de los hechos y las restantes garantías formales exigibles, incluida, con carácter general, la audiencia previa del trabajador conforme a la doctrina del Tribunal Supremo aplicable a los despidos disciplinarios posteriores al 18 de noviembre de 2024.


En definitiva, la validez de las imágenes y la procedencia del despido son dos cuestiones distintas: primero debe comprobarse que las grabaciones pueden utilizarse legalmente como prueba y, después, que los hechos acreditados justifican la máxima sanción laboral.


Antes de adoptar un despido disciplinario basado en grabaciones de videovigilancia, resulta fundamental comprobar no solo que las imágenes acreditan suficientemente la conducta imputada, sino también que se han obtenido respetando las obligaciones de información, protección de datos y proporcionalidad. Una prueba obtenida vulnerando derechos fundamentales puede comprometer la defensa judicial del despido, aunque la empresa considere que el incumplimiento laboral está justificado.




 
 
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