La falacia del coste hundido que amenaza con generar una «industria de inquilinos vulnerables»

Más confusión y menos seguridad jurídica pueden reducir la oferta y agravar el problema que se pretende resolver.
La falacia del coste hundido consiste en mantener una decisión por el dinero, el esfuerzo o el prestigio ya invertidos, aunque sus perspectivas aconsejen cambiar de rumbo. En política de vivienda, su equivalente sería insistir en una estrategia para evitar reconocer sus errores, en vez de evaluar si facilita encontrar casa.
Es una advertencia que conviene tener presente al analizar el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, publicado en el BOE del día 7. [1] La pregunta relevante es qué resultados producirá: cuántas viviendas adicionales estarán disponibles y cuántas familias podrán acceder a ellas.
La escasez no se resuelve mediante declaraciones
El Banco de España ha relacionado el encarecimiento de la vivienda con una demanda fuerte y una oferta relativamente rígida. [2] Ese desajuste ocupa un lugar central en el problema, pero afirmar que constituye su «única causa» simplifica demasiado: financiación, costes, suelo, formación de hogares y regulación influyen precisamente en cómo evolucionan oferta y demanda.
Desde esta perspectiva, una política que eleve el riesgo de alquilar puede provocar retiradas de oferta, aplazamientos de inversión o una selección más exigente de candidatos. Son mecanismos posibles, no una medición del efecto de este decreto recién publicado.
La protección debe evaluarse también desde la posición de quien todavía busca vivienda. Mejorar las condiciones de quienes ya tienen contrato puede convivir con mayores dificultades para quienes intentan conseguir uno.
Suspender un desahucio no crea una vivienda
El régimen distingue supuestos, contempla intervención y pagos públicos y contiene excepciones, incluida la relativa a demandantes personas físicas titulares de dos o menos viviendas. La suspensión tampoco extingue la obligación de pagar la renta. [1]
Estas precisiones importan: no sería correcto describirlo como una suspensión universal y sin compensación. La crítica más sólida se dirige a su funcionamiento efectivo.
Si la alternativa habitacional depende de una Administración sin recursos suficientes, la prolongación del conflicto puede trasladar al propietario costes financieros, incertidumbre y pérdida de disponibilidad. Una compensación reconocida sobre el papel debe traducirse en un cobro previsible.
El presupuesto público debería asumir de manera efectiva el coste de la protección social. Recomendamos valorar el sistema por sus plazos reales de respuesta, sus pagos y las alternativas que ofrece, además de por sus garantías formales.
El riesgo de una «industria de la vulnerabilidad»
La expresión exige precisión. La vulnerabilidad es una situación real que merece protección; no demuestra fraude ni permite atribuir mala fe a los inquilinos.
El riesgo al que nos referimos es otro: que se consolide un entramado de procedimientos e incentivos orientado a gestionar y prolongar situaciones de emergencia sin resolverlas. Esa posibilidad debe presentarse como una advertencia, no como una industria fraudulenta cuya existencia ya estuviera acreditada.
Además, si aumenta la percepción de riesgo, algunos propietarios pueden buscar perfiles con ingresos más altos y estables. El resultado paradójico sería que las personas con mayores dificultades encontraran todavía más obstáculos para acceder a un contrato.
Grandes tenedores: clasificar tampoco equivale a construir
La definición mantiene los umbrales de más de diez inmuebles residenciales o más de 1.500 m² residenciales, excluyendo garajes y trasteros, particularizables a cinco o más viviendas en zonas tensionadas. [1]
Pero una categoría patrimonial no explica por sí sola cómo actúa cada titular. Para evaluar las restricciones a las adquisiciones deberían medirse sus efectos sobre rehabilitación, financiación, puesta en alquiler y concentración de la propiedad.
Impedir una operación puede modificar quién compra; aumentar la oferta exige comprobar qué ocurre después con la vivienda.
Incentivos fiscales: una parte que merece reconocerse
La reforma contempla reducciones del rendimiento neto positivo del alquiler de hasta el 100 %, con requisitos y regímenes temporales. La deducción estatal para inquilinos es del 10 %, sujeta a límites de base imponible y de deducción; no es una deducción general del 10,05 % reservada a jóvenes. También se prevé una exención condicionada por ventas de viviendas desocupadas al sector público. [3]
Estos incentivos pueden mejorar la rentabilidad después de impuestos. Sería incoherente rechazarlos simplemente por formar parte de un paquete que contiene medidas discutibles.
Ahora bien, el propietario también valora cuándo cobrará, qué gastos soportará y qué ocurrirá ante un incumplimiento. Un ahorro fiscal puede resultar insuficiente si los demás riesgos se perciben como excesivos.
SOCIMI: importa el gravamen y también su reducción
El gravamen especial del 25 % afecta a determinados beneficios no distribuidos del arrendamiento residencial. Puede reducirse un 50 % y, con reinversión en tres años, un 100 %, bajo las condiciones previstas. El umbral general de más del 80 % de parque asequible tiene reglas transitorias del 60 % para determinados ejercicios de 2026 y del 70 % para 2027. [3]
Por tanto, no cabe afirmar que todo el régimen penaliza necesariamente el alquiler asequible. La objeción razonable consiste en preguntar si sus exigencias permiten proyectos viables y una transición asumible. El indicador relevante será la inversión adicional movilizada y las viviendas entregadas.
La actualización de los coeficientes máximos de la plusvalía municipal es otra pieza fiscal del paquete. [3] Su valoración debería atender al coste efectivo de transmitir, evitando dar por supuesto que cualquier cambio tributario amplía la oferta.
CASA 47: movilizar patrimonio debe traducirse en hogares
El decreto regula CASA 47 y la cesión de inmuebles públicos. La excepción general de valoración previa tiene matices: las viviendas de la Seguridad Social deben valorarse. Define asimismo la vivienda asequible mediante el límite del 30 % de la renta mediana municipal de la unidad de convivencia, incluidos gastos. [1]
Movilizar patrimonio público puede contribuir a ampliar la oferta. Pero transferir activos entre organismos no equivale a entregar viviendas habitables: recomendamos exigir información sobre rehabilitación, costes, adjudicaciones y plazos.
También conviene recordar que una referencia municipal de ingresos puede no representar la capacidad económica de cada hogar.
Una crítica firme necesita precisión jurídica
La Constitución protege la propiedad y reconoce su función social; también encomienda a los poderes públicos promover el acceso a una vivienda digna. [4] Una eventual objeción de inconstitucionalidad requiere analizar las medidas concretas, su proporcionalidad y sus garantías.
No basta con considerarlas injustas.
El criterio para corregir una política debería ser su resultado. Si una medida reduce la oferta, excluye a quienes tienen menos ingresos o prolonga la dependencia de soluciones provisionales, debe revisarse, aunque rectificar tenga un coste político.
Haber invertido mucho en una estrategia no justifica seguir aplicándola. La política de vivienda debería medirse por las casas disponibles y las familias alojadas, no por el número de normas aprobadas.
Canarias: precios elevados y menos opciones para quien busca alquiler
La situación de Canarias permite observar el problema desde una perspectiva cercana: el encarecimiento de la vivienda se combina con dificultades para encontrar un alquiler disponible y asumible. Los datos deben leerse distinguiendo precios de compraventa, importes anunciados y oferta publicada.
Comprar vivienda sigue siendo más caro
Según el Índice de Precios de Vivienda difundido por el ISTAC, los precios de la vivienda libre en Canarias aumentaron un 11 % interanual en el segundo trimestre de 2026. La vivienda nueva subió un 11,9 % y la de segunda mano, aproximadamente un 11 %. [5]
Por su parte, idealista situaba el precio anunciado de venta en septiembre de 2026 en 3.349 euros por metro cuadrado, un 6,3 % más que un año antes. Esta referencia corresponde a su indicador de oferta anunciada y no debe confundirse con el precio de las operaciones efectivamente formalizadas. [6]
Alquiler: una moderación mensual no elimina el encarecimiento acumulado
En septiembre de 2026, el indicador de alquiler de idealista para Canarias alcanzaba los 15,2 euros por metro cuadrado al mes, con una subida interanual del 4,3 %. Registraba, sin embargo, una caída mensual del 1 %: sería incorrecto describir una subida continua sin matices. [7]
Las diferencias territoriales son importantes:
Ámbito | Alquiler anunciado en septiembre de 2026 |
Canarias | 15,2 €/m² al mes |
Las Palmas de Gran Canaria | 14,6 €/m² al mes |
Puerto del Rosario | 12,3 €/m² al mes |
La Oliva | 18,8 €/m² al mes |
Fuente: idealista. Son indicadores de precios anunciados, no rentas medias de todos los contratos vigentes. [7]
Como simple referencia aritmética, aplicar los 15,2 euros a una vivienda de 80 m² arrojaría 1.216 euros mensuales. No es una tasación ni significa que todas las viviendas de esa superficie se ofrezcan a ese precio.
Menos oferta anunciada y mayor competencia
El balance de idealista sobre los tres años transcurridos desde mayo de 2023, difundido por Europa Press el 22 de mayo de 2026, señalaba:
Capital | Variación del precio anunciado de alquiler | Variación de la oferta disponible |
Las Palmas de Gran Canaria | +26 % | −26 % |
Santa Cruz de Tenerife | +36,4 % | −16 % |
El mismo balance situaba el aumento de la competencia entre interesados en un 103 % en ambas capitales. Estos datos describen la evolución observada por el portal; no equivalen a una reducción del conjunto de viviendas arrendadas ni pueden extenderse automáticamente a todas las islas. [8]
Tampoco demuestran por sí solos que una ley haya causado toda la caída: comparar el antes y el después no permite aislar su efecto de otros cambios del mercado.
La pregunta que debería orientar la política de vivienda
La lectura conjunta muestra precios superiores a los de un año antes y, en el balance de ambas capitales, menos oferta anunciada que en 2023.
Para quien busca casa, importa la vivienda que puede visitar, contratar y pagar. Desde el enfoque de este artículo, el riesgo es que una protección mal diseñada termine elevando las barreras de entrada: más competencia por cada anuncio y mayores exigencias económicas para acceder a un contrato.
En Canarias, la política de vivienda debería medirse por las viviendas que incorpora al alquiler estable y por las familias que consiguen acceder a ellas. Si una medida reduce esas oportunidades, mantenerla por el esfuerzo político ya invertido reproduciría precisamente la falacia del coste hundido.
Artículo de opinión y análisis. Referencia normativa: texto publicado del Real Decreto-ley 29/2026. Revisión: 15 de octubre de 2026. Sus efectos futuros se plantean como hipótesis de evaluación, no como resultados ya acreditados.
Los indicadores tienen diferentes ámbitos, periodos y metodologías y no son directamente intercambiables.
Fuentes
[1] BOE. Real Decreto-ley 29/2026: https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2026-20823
[2] Banco de España. El mercado de la vivienda en España: evolución reciente, riesgos y problemas de accesibilidad: https://www.bde.es/f/webbe/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/Arc/IIPP-2024-11-18-gavilan-es-or.pdf
[3] Agencia Tributaria. Principales novedades tributarias del Real Decreto-ley 29/2026: https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Actualidad/Novedades/2026/BOLINFORM_RDL%2029_2026.pdf
[4] Constitución Española, artículos 33 y 47: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
[5] ISTAC, Índice de Precios de Vivienda, segundo trimestre de 2026: https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/indice-precios-vivienda-noticia-2026-segundo-trimestre.html
[6] Idealista, precios de venta en Canarias, septiembre de 2026: https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/venta/canarias/
[7] Idealista, precios de alquiler en Canarias, septiembre de 2026: https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/alquiler/canarias/report/
[8] Europa Press, balance de idealista publicado el 22 de mayo de 2026: https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-tres-anos-ley-vivienda-alquiler-364-mas-caro-santa-cruz-26-mas-palmas-gran-canaria-20260522104431.html
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