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Cómo cancelar deudas con Hacienda sin perder tu patrimonio
Tener una deuda con Hacienda no significa necesariamente que el contribuyente vaya a perder su vivienda, su vehículo o los bienes necesarios para continuar trabajando. Sin embargo, tampoco existe una fórmula automática que permita cancelar la deuda tributaria mediante una simple negociación con la Agencia Tributaria.
La solución dependerá de la causa de la deuda, de si todavía puede impugnarse, de la capacidad real de pago del contribuyente y de la composición de su patrimonio. En determinados casos bastará con solicitar un aplazamiento o una compensación. En otros, cuando exista una situación de insolvencia, puede ser necesario acudir al procedimiento de Segunda Oportunidad.
La clave consiste en actuar antes de que el procedimiento recaudatorio avance y elegir una estrategia que no se limite a retrasar el problema.
¿Se puede negociar una quita directamente con Hacienda?
En términos generales, Hacienda no actúa como un acreedor privado que puede aceptar libremente una rebaja de la deuda a cambio de cobrar una parte.
El artículo 75 de la Ley General Tributaria establece que las deudas tributarias solo pueden condonarse en virtud de una ley y con los requisitos que esta determine. Por tanto, el contribuyente no puede acudir a la Agencia Tributaria y negociar informalmente una quita del 30 %, del 50 % o de cualquier otro porcentaje. Ley General Tributaria —BOE—
Esto no significa que no existan soluciones. Significa que cualquier reducción, suspensión o reordenación de la deuda debe encajar en alguno de los procedimientos previstos legalmente:
Aplazamiento o fraccionamiento.
Compensación con devoluciones o créditos reconocidos.
Impugnación de liquidaciones, sanciones o actuaciones recaudatorias.
Suspensión de la ejecución cuando concurran sus requisitos.
Derivación de responsabilidad incorrectamente acordada.
Prescripción u otras causas de extinción.
Exoneración dentro de un procedimiento de Segunda Oportunidad.
Antes de estudiar cómo pagar una deuda, debe comprobarse si la deuda es correcta, exigible y todavía recurrible.
Alternativas antes de acudir a la Segunda Oportunidad
No todos los problemas con Hacienda constituyen una situación de insolvencia. En ocasiones existe únicamente una dificultad temporal de tesorería que puede solucionarse por las vías tributarias ordinarias.
Vía posible | Cuándo puede ayudar | Límite principal |
Aplazamiento | Falta temporal de liquidez | Genera intereses y exige capacidad futura de pago |
Fraccionamiento | Necesidad de distribuir la deuda en cuotas | Algunas deudas no son aplazables y pueden exigirse garantías |
Compensación | Existe una devolución o crédito reconocido a favor del contribuyente | Solo extingue la deuda hasta el importe concurrente |
Recurso o reclamación | La liquidación, sanción o actuación recaudatoria presenta errores | Debe existir una base jurídica real y respetarse los plazos |
Suspensión | Se impugna una deuda cuya ejecución puede paralizarse | Puede requerir garantía, salvo determinados supuestos |
Segunda Oportunidad | Existe insolvencia actual o inminente | Requiere un procedimiento concursal y cumplir los requisitos legales |
Aplazamiento y fraccionamiento
El artículo 65 de la Ley General Tributaria permite solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de las deudas cuando la situación económico-financiera del obligado le impida transitoriamente pagarlas dentro de plazo.
La palabra importante es transitoriamente. Debe existir una previsión razonable de que el contribuyente podrá cumplir el calendario concedido.
Además, no todas las deudas tributarias son aplazables. La ley excluye, entre otras, determinadas retenciones e ingresos a cuenta, pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades y tributos repercutidos, salvo las excepciones legalmente admitidas.
Solicitar un fraccionamiento imposible de cumplir puede aumentar la deuda por los intereses y permitir que el procedimiento de apremio continúe tras el incumplimiento.
Compensación
Las deudas tributarias pueden extinguirse total o parcialmente mediante su compensación con créditos reconocidos a favor del mismo obligado tributario.
Por ejemplo, una deuda de IVA, IGIC, IRPF o Impuesto sobre Sociedades podría compensarse con una devolución tributaria reconocida al contribuyente. No se trata propiamente de una quita:
Hacienda cobra aplicando a la deuda una cantidad que, de otro modo, tendría que devolver.
Impugnación de la deuda
Si existen defectos jurídicos, la solución puede no consistir en aplazar la deuda, sino en recurrirla.
Conviene revisar especialmente:
La procedencia de la liquidación.
La motivación de la sanción y la existencia de culpabilidad.
La correcta práctica de las notificaciones.
La prescripción.
Los recargos e intereses exigidos.
Los defectos del procedimiento de apremio.
La identificación y valoración de los bienes embargados.
Los acuerdos de derivación de responsabilidad.
La presentación de un recurso no suspende siempre y automáticamente el cobro. Por ello, deben analizarse conjuntamente la impugnación y, cuando proceda, la solicitud de suspensión.
¿Cuándo entra en juego la Ley de Segunda Oportunidad?
Cuando el contribuyente no puede atender regularmente sus obligaciones, el problema deja de ser una falta puntual de liquidez y puede convertirse en una situación de insolvencia.
La Ley de Segunda Oportunidad permite a una persona natural —sea particular o empresario autónomo— solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho. El artículo 486 del texto refundido de la Ley Concursal contempla dos modalidades:
Exoneración con sujeción a un plan de pagos, sin liquidación previa de toda la masa activa.
Exoneración después de la liquidación del patrimonio.
La primera modalidad es especialmente relevante cuando el deudor pretende conservar determinados bienes, aunque no garantiza por sí sola que pueda mantener todo su patrimonio.
Requisitos para obtener la exoneración
La Segunda Oportunidad no se concede por el simple hecho de no poder pagar. El solicitante debe ser considerado deudor de buena fe y no encontrarse en alguna de las circunstancias que impiden obtener la exoneración.
Entre otros aspectos, deben revisarse:
Las condenas por determinados delitos patrimoniales, socioeconómicos o contra la Hacienda Pública.
Las sanciones firmes por infracciones tributarias muy graves y determinados supuestos de infracciones graves.
Las derivaciones firmes de responsabilidad tributaria o de Seguridad Social.
La posible declaración culpable del concurso.
El cumplimiento de los deberes de información y colaboración.
La ocultación de bienes, derechos o ingresos.
La aportación de información falsa o engañosa.
La existencia de un endeudamiento temerario o negligente.
Por tanto, actuar de buena fe no consiste únicamente en no haber cometido fraude. También exige transparencia, colaboración y una explicación coherente de cómo se generó la insolvencia.
¿Qué parte de la deuda con Hacienda puede cancelarse?
El crédito público recibe un tratamiento mucho más restrictivo que las deudas privadas.
Como regla general, las deudas de Derecho público no son exonerables. No obstante, el artículo 489.1.5.º de la Ley Concursal permite exonerar parcialmente las deudas cuya gestión recaudatoria corresponda a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
En la primera exoneración:
Los primeros 5.000 euros pueden exonerarse íntegramente.
Sobre la deuda que exceda de 5.000 euros puede exonerarse el 50 %.
La exoneración total por deudor no puede superar 10.000 euros.
Deuda gestionada por la AEAT | Exoneración legal máxima |
3.000 € | 3.000 € |
5.000 € | 5.000 € |
8.000 € | 6.500 € |
10.000 € | 7.500 € |
15.000 € | 10.000 € |
25.000 € | 10.000 € |
Por ejemplo, si la deuda con la AEAT asciende a 12.000 euros, podrían exonerarse los primeros 5.000 euros y el 50 % de los 7.000 restantes. La exoneración alcanzaría 8.500 euros y quedarían 3.500 euros sin exonerar.
Si la deuda asciende a 30.000 euros, la exoneración no podría superar 10.000 euros.
La misma escala se establece separadamente para las deudas por créditos en Seguridad Social: un máximo adicional de 10.000 euros respecto de las deudas cuya gestión recaudatoria corresponda a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Esta exoneración del crédito público solo se aplica en la primera exoneración. Las solicitudes posteriores no alcanzan al crédito público.
No toda deuda denominada “con Hacienda” recibe necesariamente el mismo tratamiento
Antes de calcular la posible exoneración debe identificarse:
Qué Administración es titular del crédito.
Qué organismo tiene atribuida su gestión recaudatoria.
Si se trata de una deuda estatal, autonómica o local.
Si existen sanciones, recargos e intereses.
Si la deuda está garantizada.
Si existe una derivación de responsabilidad.
Si alguna cantidad deriva de delito.
El límite legal se refiere expresamente a las deudas cuya gestión recaudatoria corresponde a la AEAT. No debe trasladarse automáticamente a cualquier deuda frente a una Administración pública.
¿Puede conservarse el patrimonio mediante un plan de pagos?
La Ley Concursal permite solicitar la exoneración con un plan de pagos y sin liquidar previamente toda la masa activa.
Esta modalidad puede ayudar a conservar determinados bienes, pero el título “sin perder tu patrimonio” debe entenderse como un objetivo que requiere planificación, no como un resultado garantizado.
El juez examinará:
Los ingresos actuales y previsibles.
Los gastos necesarios del deudor y de su familia.
El importe de las deudas no exonerables.
El valor de los bienes y las cargas que pesan sobre ellos.
Las posibilidades objetivas de cumplir el plan.
La posición de los acreedores.
La conveniencia económica de conservar o realizar determinados bienes.
La duración general del plan es de tres años. Se amplía a cinco años cuando no se realiza la vivienda habitual del deudor o cuando los pagos dependen exclusiva o fundamentalmente de la evolución de sus ingresos y recursos disponibles.
Durante ese periodo pueden imponerse limitaciones sobre las facultades de disposición o administración del deudor. La exoneración será inicialmente provisional y se convertirá en definitiva una vez cumplido el plan y siempre que no concurra una causa de revocación.
¿Qué sucede con la vivienda habitual?
La vivienda habitual no es absolutamente inembargable ni queda protegida de manera automática por acogerse a la Segunda Oportunidad.
Para estudiar su conservación deben analizarse:
Su valor de mercado.
El importe pendiente de la hipoteca.
Las cargas y embargos existentes.
La cuota mensual del préstamo.
El coste de una vivienda alternativa.
La capacidad para seguir atendiendo el crédito garantizado.
El valor neto que obtendrían los acreedores si se vendiera.
Una vivienda con una hipoteca próxima a su valor de mercado puede presentar un escenario muy diferente al de un inmueble libre de cargas y con un valor patrimonial elevado.
Además, la exoneración del deudor no elimina por sí misma la garantía hipotecaria. Si no se atiende el préstamo, el acreedor hipotecario podrá ejercitar los derechos derivados de esa garantía.
¿Qué ocurre con el coche y las herramientas de trabajo?
Tampoco existe una protección automática para cualquier vehículo o bien profesional.
No obstante, puede resultar razonable defender su conservación cuando sea necesario para mantener la actividad y generar los ingresos con los que se cumplirá el plan de pagos.
Debe acreditarse, entre otros aspectos:
La necesidad real del bien.
Su utilización profesional.
Su valor de mercado.
La existencia de financiación pendiente.
La inexistencia de una alternativa menos costosa.
La relación entre su conservación y la viabilidad económica del deudor.
No recibe el mismo tratamiento una herramienta imprescindible de escaso valor que un vehículo de alta gama cuya venta permitiría satisfacer una parte relevante de las deudas.
¿Puede Hacienda embargar cualquier bien?
Si la deuda entra en periodo ejecutivo, Hacienda puede iniciar el procedimiento de apremio y embargar bienes y derechos. Sin embargo, el embargo no debería ejecutarse de manera arbitraria.
La Ley General Tributaria exige respetar el principio de proporcionalidad y establece un orden para el embargo, teniendo en cuenta la facilidad de realización de los bienes y la menor onerosidad para el obligado.
Entre los bienes susceptibles de embargo se encuentran:
Dinero en cuentas bancarias.
Créditos y derechos a corto plazo.
Sueldos, salarios y pensiones, respetando los límites de inembargabilidad.
Bienes inmuebles.
Intereses, rentas y frutos.
Establecimientos mercantiles o industriales.
Vehículos y otros bienes muebles.
Participaciones sociales y valores.
Actuar antes del embargo permite disponer de más alternativas. Una vez anotadas las cargas o iniciada la realización de los bienes, la estrategia se vuelve más compleja.
Los avalistas y demás obligados no quedan liberados
La exoneración obtenida por el deudor no extingue los derechos de los acreedores frente a:
Fiadores.
Avalistas.
Codeudores solidarios.
Aseguradores.
Hipotecantes no deudores.
Otras personas obligadas legal o contractualmente.
Por tanto, antes de iniciar el procedimiento debe estudiarse también el impacto que puede producir sobre familiares, socios o terceros que hayan garantizado las deudas.
Errores frecuentes al intentar cancelar deudas con Hacienda
Creer en una quita informal
La AEAT no puede condonar libremente una deuda. Cualquier cancelación debe tener cobertura legal.
Confundir aplazamiento con solución definitiva
Un aplazamiento resulta útil cuando el problema es temporal. Si no existe capacidad futura de pago, puede limitarse a posponer el embargo y aumentar los intereses.
Esperar hasta que se ejecuten los bienes
Cuanto más avanza el procedimiento de apremio, menores son las posibilidades de diseñar una solución ordenada.
No revisar la legalidad de la deuda
Pagar o fraccionar sin examinar la liquidación, la sanción o la derivación de responsabilidad puede hacer que se consoliden actuaciones que quizá eran discutibles.
Ocultar patrimonio o ingresos
La ocultación puede provocar la denegación o revocación de la exoneración y, en los casos más graves, generar responsabilidades adicionales.
Transmitir bienes apresuradamente a familiares
Donar, vender ficticiamente o vaciar el patrimonio antes del concurso puede ser contraproducente.
Estas operaciones pueden ser examinadas y, en determinados casos, rescindidas o consideradas indicio de mala fe.
Pensar que se cancelará toda la deuda pública
La exoneración del crédito público está limitada. El exceso seguirá siendo exigible y deberá recibir el tratamiento correspondiente dentro de la estrategia concursal.
Documentación necesaria para estudiar el caso
Antes de adoptar una decisión conviene reunir:
Documentación tributaria
Liquidaciones y cartas de pago.
Acuerdos sancionadores.
Providencias de apremio.
Diligencias de embargo.
Acuerdos de derivación de responsabilidad.
Resoluciones de recursos y reclamaciones.
Solicitudes y acuerdos de aplazamiento.
Certificados actualizados de deuda.
Información económica
Nóminas, pensiones o prestaciones.
Facturación y rendimientos de la actividad.
Declaraciones tributarias.
Extractos bancarios.
Gastos familiares ordinarios.
Préstamos, créditos y cuotas pendientes.
Previsiones razonables de ingresos.
Inventario patrimonial
Viviendas y otros inmuebles.
Vehículos.
Herramientas y bienes profesionales.
Cuentas bancarias e inversiones.
Participaciones en sociedades.
Derechos de crédito.
Seguros con valor de rescate.
Bienes compartidos o gananciales.
Hipotecas, prendas, embargos y demás cargas.
También deben revisarse las transmisiones patrimoniales realizadas durante los años anteriores, especialmente si afectaron a familiares o personas vinculadas.
Ejemplo práctico
Un autónomo acumula las siguientes deudas:
24.000 euros con la AEAT.
18.000 euros con la Seguridad Social.
35.000 euros con entidades financieras y proveedores.
Una vivienda valorada en 180.000 euros con una hipoteca pendiente de 165.000 euros.
Un vehículo necesario para su actividad.
Ingresos mensuales estables, pero insuficientes para atender todas las obligaciones.
En este supuesto no bastaría con afirmar que puede cancelar 20.000 euros de deuda pública y conservar la vivienda.
Sería necesario comprobar:
Si reúne los requisitos para ser considerado deudor de buena fe.
Qué parte exacta de cada crédito resulta exonerable.
Si puede mantener el préstamo hipotecario.
Qué valor neto tiene realmente la vivienda.
Si el vehículo es necesario y proporcionado.
Qué cantidad puede destinar mensualmente al plan.
Qué deudas no exonerables deberán pagarse.
Si el plan resulta objetivamente viable durante cinco años.
Solo después de ese análisis podría valorarse si la exoneración con plan de pagos es preferible a la liquidación.
¿Cuál es la mejor estrategia?
No existe una solución idéntica para todos los contribuyentes.
Si la deuda es discutible, puede ser prioritario recurrir. Si la dificultad es temporal, puede resultar suficiente un fraccionamiento. Si existen devoluciones pendientes, debe estudiarse la compensación. Y si el endeudamiento es estructural y no puede atenderse de manera regular, la Segunda Oportunidad puede ofrecer una salida.
En definitiva, cancelar deudas con Hacienda sin perder bienes exige coordinar dos análisis:
El tributario, para comprobar si la deuda es correcta, exigible, recurrible, aplazable o compensable.
El concursal y patrimonial, para determinar si existe insolvencia, qué cantidades podrían exonerarse y qué bienes pueden conservarse mediante un plan viable.
La Segunda Oportunidad no permite hacer desaparecer toda deuda pública ni garantiza conservar cualquier patrimonio. Pero, correctamente planteada, puede reducir una parte del endeudamiento, detener una situación financiera insostenible y ofrecer al contribuyente la posibilidad real de volver a empezar.
