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Diferencia entre recargo y sanción: por qué importa la distinción
Recibir una comunicación de Hacienda en la que se exige pagar una cantidad adicional suele provocar una reacción inmediata: «me han sancionado». Sin embargo, no todo importe exigido junto con un impuesto tiene naturaleza sancionadora.
Una cosa es la cuota tributaria, otra los intereses de demora, otra los recargos y otra, jurídicamente distinta, la sanción.
La diferencia no es meramente terminológica. Determina cuánto debe pagar el contribuyente, qué debe probar Hacienda, qué reducciones pueden aplicarse, cómo puede recurrirse la deuda y qué consecuencias adicionales pueden producirse.
El recargo por presentación extemporánea no constituye una sanción en sentido estricto. Es una prestación accesoria que se exige cuando el propio contribuyente presenta fuera de plazo una declaración o autoliquidación sin haber recibido previamente un requerimiento de Hacienda.
La sanción, por el contrario, presupone la comisión de una infracción tributaria y exige que la Administración acredite una conducta culpable. No basta con que la declaración fuera incorrecta o con que exista una cantidad pendiente de ingreso.
Regularizar antes de que Hacienda actúe puede marcar, por tanto, la diferencia entre soportar un recargo limitado y enfrentarse a una sanción que puede alcanzar el 50 %, el 100 % o incluso el 150 % de la cuota dejada de ingresar.
No todo pago adicional es una sanción
Cuando una obligación tributaria no se cumple correctamente pueden aparecer diferentes conceptos:
Concepto | Por qué se exige |
Cuota tributaria | Es el impuesto que debía haberse pagado |
Interés de demora | Compensa el retraso en la disponibilidad del dinero |
Recargo por declaración extemporánea | Se presenta fuera de plazo voluntariamente y sin requerimiento previo |
Recargo del período ejecutivo | Una deuda reconocida o liquidada no se paga dentro del período voluntario |
Sanción | Se ha cometido una infracción tributaria con una conducta culpable |
Estos conceptos pueden aparecer conjuntamente en determinados casos, pero no tienen la misma naturaleza ni se someten a las mismas reglas.
La propia Ley General Tributaria establece que los intereses y recargos son obligaciones tributarias accesorias, mientras que las sanciones tributarias no tienen esa consideración.
¿Qué es el recargo por presentación extemporánea?
El artículo 27 de la Ley General Tributaria define los recargos por declaración extemporánea como las prestaciones accesorias que debe satisfacer el contribuyente cuando presenta una declaración o autoliquidación fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración.
La finalidad del recargo es favorecer la regularización espontánea. El contribuyente reconoce el incumplimiento, presenta la declaración omitida o corrige la anterior antes de que Hacienda inicie una actuación y paga un coste adicional por el retraso.
La regulación puede consultarse en la Ley General Tributaria.
¿Qué se entiende por requerimiento previo?
No es necesario que el contribuyente haya recibido formalmente una inspección.
A efectos del artículo 27 LGT, existe requerimiento previo cuando Hacienda realiza una actuación que ha sido comunicada formalmente al interesado y que está dirigida al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación de la deuda.
Pueden constituir requerimiento previo:
La notificación del inicio de una inspección.
El inicio de una comprobación limitada.
Un requerimiento de información dirigido a comprobar el impuesto o período afectado.
Una propuesta de liquidación relacionada con la obligación pendiente.
Una comunicación puramente informativa o referida a otro impuesto no siempre impide la regularización mediante recargo. Debe analizarse si la actuación administrativa se relaciona efectivamente con la obligación que el contribuyente pretende regularizar.
La fecha resulta decisiva. Si se presenta la autoliquidación antes de recibir el requerimiento, podrá aplicarse el régimen de recargos. Si se presenta después, Hacienda puede considerar que la regularización ya no fue espontánea y tramitar una sanción.
¿Cuánto se paga por presentar fuera de plazo?
Desde la reforma introducida en 2021, el recargo del artículo 27 se calcula de la siguiente manera:
Un 1 % inicial.
Otro 1 % adicional por cada mes completo de retraso.
Durante los primeros doce meses no se exigen intereses de demora ni la sanción que habría podido corresponder por la falta de ingreso regularizada.
Por ejemplo:
Retraso | Recargo |
Menos de un mes completo | 1 % |
Dos meses completos | 3 % |
Seis meses completos | 7 % |
Doce meses completos | 13 % |
Más de doce meses | 15 % más intereses desde el final del duodécimo mes |
Cuando han transcurrido más de doce meses, el recargo es del 15 %. Además, se exigen intereses de demora por el período comprendido desde el día siguiente a la finalización de esos doce meses hasta la fecha de presentación.
El recargo se calcula sobre la cantidad que debía haberse ingresado, no sobre la totalidad de los ingresos declarados ni sobre la base imponible.
El recargo puede reducirse un 25 %
El recargo por declaración extemporánea puede reducirse en un 25 % si se cumplen las condiciones de pago establecidas en el artículo 27.5 LGT.
Para conservar esta reducción es necesario, en términos generales:
Pagar el resto del recargo dentro del plazo concedido.
Ingresar la deuda resultante de la autoliquidación en el momento de su presentación o dentro de los plazos legalmente admitidos.
Cumplir las condiciones del aplazamiento o fraccionamiento cuando se haya solicitado correctamente.
Si se incumplen los plazos de ingreso, puede perderse la reducción y exigirse el importe restante.
Regularizar no es solo presentar: también hay que identificar lo que se corrige
Para que resulte aplicable el artículo 27, la autoliquidación extemporánea debe identificar expresamente el período impositivo al que se refiere y contener únicamente los datos relativos a ese período.
Esta exigencia resulta especialmente importante cuando se corrigen partidas de ejercicios anteriores en una autoliquidación posterior.
No siempre puede considerarse regularización voluntaria:
Incluir ingresos de un año anterior en la declaración del ejercicio actual.
Corregir una deducción antigua modificando solamente el saldo de un período posterior.
Ingresar una cantidad sin presentar la autoliquidación complementaria correspondiente.
Presentar una declaración que no permite identificar la obligación regularizada.
Una regularización defectuosa puede impedir la aplicación del régimen de recargos y dejar abierta la posibilidad de que Hacienda imponga una sanción.
¿Qué es una sanción tributaria?
La sanción es la consecuencia de haber cometido una infracción tributaria.
Por ejemplo, el artículo 191 LGT considera infracción dejar de ingresar dentro del plazo la totalidad o parte de la deuda que debía resultar de una autoliquidación correcta, salvo que el contribuyente regularice su situación conforme al artículo 27.
La sanción no nace automáticamente por el mero resultado de una liquidación. Para imponerla, Hacienda debe acreditar que el contribuyente actuó con dolo, culpa o, al menos, negligencia.
Esto significa que no debería existir responsabilidad sancionadora cuando el contribuyente actuó con la diligencia necesaria o amparado en una interpretación razonable de la norma.
Hacienda debe probar la culpabilidad
Una regularización tributaria y una sanción responden a preguntas diferentes.
La liquidación determina si se pagó correctamente el impuesto. El procedimiento sancionador examina si, además, el contribuyente es responsable de una conducta infractora.
Por eso, una liquidación no debería llevar automáticamente aparejada una sanción.
Hacienda debe motivar:
Qué conducta concreta se considera culpable.
Qué norma se incumplió.
Por qué el error no puede considerarse razonable.
Qué grado de negligencia se atribuye al contribuyente.
Qué circunstancias determinan la calificación de la infracción.
No es suficiente utilizar fórmulas genéricas, afirmar que la norma era clara o deducir la culpabilidad exclusivamente del resultado de la regularización.
La presunción de inocencia también rige en el ámbito sancionador tributario. La carga de acreditar la infracción y la culpabilidad corresponde a la Administración.
¿De cuánto puede ser la sanción?
En las infracciones por dejar de ingresar, la cuantía depende de su calificación como leve, grave o muy grave.
Infracción leve
La sanción consiste generalmente en una multa proporcional del 50 % de la cantidad dejada de ingresar.
Infracción grave
La sanción puede situarse entre el 50 % y el 100 %, en función de criterios como el perjuicio económico o la comisión repetida de infracciones.
Puede existir infracción grave cuando concurre ocultación o cuando se utilizan facturas o documentos falsos sin alcanzar determinados umbrales.
Infracción muy grave
La sanción puede situarse entre el 100 % y el 150 % cuando se emplean medios fraudulentos.
Por tanto, los porcentajes del 50 %, 100 % o 150 % no se aplican indistintamente a cualquier error. Dependen del tipo de infracción, de su calificación y de los criterios de graduación previstos legalmente.
Un ejemplo: regularizar antes o esperar a Hacienda
Una empresa detecta que dejó de ingresar 10.000 euros en una autoliquidación presentada ocho meses antes.
Si regulariza voluntariamente antes de recibir un requerimiento, el recargo será, con carácter general, del 9 %: 10.000 x 9%=900
Si cumple las condiciones para aplicar la reducción del 25 %, el recargo efectivo podría quedar en: 900 - (900 x 25%) = 675
Durante esos primeros doce meses no se exigirían intereses de demora por la cantidad regularizada ni una sanción por la falta de ingreso.
Si la empresa no regulariza y Hacienda descubre el error, podría exigir:
Los 10.000 euros de cuota.
Los intereses de demora.
Una sanción que, si la infracción fuera leve, partiría generalmente del 50 %, es decir, 5.000 euros antes de las posibles reducciones.
La diferencia económica es evidente. Pero también existen diferencias procedimentales y reputacionales.
Las sanciones también pueden reducirse
Que se inicie un procedimiento sancionador no significa que siempre deba pagarse el porcentaje íntegro inicialmente calculado.
El artículo 188 LGT contempla, en determinados casos:
Una reducción del 30 % por conformidad.
Una reducción del 40 % por pronto pago y ausencia de recurso contra la liquidación y la sanción, siempre que se cumplan los requisitos legales.
Ambas reducciones pueden operar sucesivamente cuando proceda. No deben sumarse directamente como si constituyeran una reducción única del 70 %.
El contribuyente debe valorar el coste de renunciar a recurrir. Aceptar una reducción puede resultar conveniente cuando la infracción está suficientemente acreditada, pero no necesariamente cuando existen argumentos sólidos contra la liquidación o la sanción.
El recargo del artículo 27 no debe confundirse con el recargo de apremio
Existen dos clases de recargos que responden a situaciones diferentes.
Recargo por presentación extemporánea
Aparece cuando el contribuyente presenta voluntariamente fuera de plazo una declaración o autoliquidación que antes no había presentado correctamente.
Su cuantía es del 1 % más otro 1 % por cada mes completo de retraso, hasta llegar al 15 % una vez superados los doce meses.
Recargos del período ejecutivo
Aparecen cuando existe una deuda conocida o declarada que no se paga dentro del período voluntario.
El artículo 28 LGT establece:
Recargo ejecutivo del 5 %, si se paga antes de recibir la providencia de apremio.
Recargo de apremio reducido del 10 %, si se paga la deuda y el propio recargo dentro del plazo concedido en la providencia.
Recargo de apremio ordinario del 20 %, cuando no se cumplen las condiciones anteriores.
El recargo ordinario del 20 % es compatible con los intereses de demora. Los recargos ejecutivo y de apremio reducido no lo son respecto de los intereses generados desde el inicio del período ejecutivo.
Por tanto, el recargo máximo del artículo 27 es del 15 %, pero existen otros recargos tributarios que pueden alcanzar el 20 %.
¿Pueden coincidir un recargo y una sanción?
El recargo del artículo 27 excluye la sanción correspondiente a la falta de ingreso voluntariamente regularizada.
Sin embargo, una sanción sí puede ser compatible con:
Los intereses de demora.
Los recargos del período ejecutivo.
Por ejemplo, Hacienda puede practicar una liquidación y sancionar al contribuyente por la infracción cometida. Si posteriormente no se pagan la liquidación o la sanción dentro de los plazos correspondientes, pueden generarse recargos de apremio.
También pueden existir infracciones formales distintas que no queden cubiertas por la regularización. La exclusión sancionadora debe analizarse respecto de la obligación y conducta concretamente regularizadas.
Diferencias al recurrir
La forma de recurrir también es distinta.
Las sanciones tributarias quedan suspendidas automáticamente, sin necesidad de aportar garantías, cuando se recurren en tiempo y forma en vía administrativa. Tampoco generan intereses de demora durante la suspensión hasta que finaliza el plazo de pago abierto por la resolución que pone fin a dicha vía.
En cambio, recurrir una liquidación, un recargo o una deuda tributaria no suspende automáticamente su cobro. Como regla general, será necesario pagar, solicitar la suspensión y aportar garantías, salvo que concurra alguna excepción.
Esta diferencia puede tener un efecto financiero importante.
¿Una sanción queda anotada en el historial del contribuyente?
Conviene evitar la idea de que cualquier sanción genera unos «antecedentes fiscales» públicos equivalentes a los antecedentes penales.
Las sanciones tributarias forman parte de la información que conserva la Administración y pueden tenerse en cuenta para apreciar la comisión repetida de infracciones, siempre que concurran los requisitos y plazos legales. Pero no existe un registro público general de sancionados tributarios al que puedan acceder libremente clientes, proveedores u otras empresas.
Además, una sanción tributaria ya pagada no impide automáticamente obtener un certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias.
No obstante, las sanciones pueden producir consecuencias adicionales en supuestos concretos.
Sanciones, subvenciones y contratación pública
El artículo 186 LGT permite imponer sanciones accesorias cuando:
La infracción es grave o muy grave.
La multa alcanza al menos 30.000 euros.
Se ha aplicado el criterio de graduación por comisión repetida de infracciones tributarias.
En esos casos, puede acordarse:
La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y de aplicar determinados beneficios fiscales durante uno o dos años.
La prohibición de contratar con la Administración pública que haya impuesto la sanción durante uno o dos años.
No se trata de una consecuencia automática de cualquier sanción tributaria. Debe acordarse expresamente y cumplir los requisitos legales.
Por otra parte, una empresa puede tener problemas para contratar con el sector público o recibir subvenciones si mantiene deudas tributarias en período ejecutivo y no se encuentra al corriente de sus obligaciones. En este caso, el obstáculo deriva de la deuda pendiente, no simplemente de haber sido sancionada anteriormente.
La Ley de Contratos del Sector Público regula las prohibiciones para contratar y la exigencia de estar al corriente de las obligaciones tributarias.
¿Cuándo conviene regularizar voluntariamente?
La regularización debería valorarse cuando el contribuyente detecte:
Ingresos no declarados.
Gastos o cuotas deducidos indebidamente.
Retenciones omitidas.
Errores en el IVA o el IGIC.
Beneficios fiscales aplicados sin cumplir todos sus requisitos.
Operaciones declaradas en un período incorrecto.
Devoluciones obtenidas improcedentemente.
Antes de presentar una complementaria debe comprobarse:
Si realmente existe un error.
Qué ejercicio y tributo están afectados.
Si la obligación está prescrita.
Si Hacienda ha realizado alguna actuación que pueda considerarse requerimiento previo.
Si existen cantidades pendientes de compensar.
Si procede rectificar también declaraciones posteriores.
Si la presentación puede afectar a otro contribuyente o impuesto.
Si debe ingresarse la deuda o solicitarse aplazamiento.
La regularización espontánea suele ser económicamente más favorable, pero debe prepararse correctamente. Una complementaria innecesaria o mal planteada puede reconocer una deuda inexistente, interrumpir la prescripción o abrir nuevas cuestiones tributarias.
Regularización voluntaria frente a inspección: la importancia de actuar primero
La principal diferencia entre una regularización voluntaria y una regularización practicada por Hacienda no reside en que el impuesto deje de ser exigible. En ambos casos deberá pagarse la cuota que inicialmente no se ingresó.
La diferencia se encuentra en las consecuencias adicionales.
Cuando el contribuyente detecta el error y presenta correctamente la autoliquidación antes de recibir un requerimiento, se aplica, con carácter general, el régimen de recargos del artículo 27 LGT. Si es Hacienda quien descubre primero el incumplimiento, podrá exigir intereses de demora y, cuando exista una conducta culpable, iniciar un procedimiento sancionador.
Consecuencia | Regularización voluntaria | Regularización por Hacienda |
Pago de la cuota omitida | Sí | Sí |
Recargo del artículo 27 LGT | Sí | No |
Intereses durante los primeros doce meses | No | Sí |
Intereses después de doce meses | Desde el final del duodécimo mes | Desde que finalizó el plazo original |
Sanción por la cuota regularizada | En principio, no | Puede imponerse si existe culpabilidad |
Posibilidad de reducir el recargo | 25 %, si se cumplen los requisitos | No procede |
Necesidad de que Hacienda pruebe culpabilidad | No, porque el recargo no es una sanción | Sí |
Costes de defensa y tramitación | Normalmente menores | Generalmente mayores |
La regularización voluntaria no elimina la cuota
Presentar una declaración complementaria no supone que Hacienda perdone el impuesto. El contribuyente tendrá que ingresar la cuota pendiente y el recargo correspondiente.
La ventaja consiste en evitar, respecto de la obligación correctamente regularizada, la sanción que podría haberse impuesto por dejar de ingresar.
Por ello, cuando el error es claro y la deuda no está prescrita, regularizar antes de recibir un requerimiento suele ser sustancialmente menos costoso que esperar a que Hacienda lo descubra.
La inspección no implica automáticamente una sanción
Tampoco debe transmitirse la idea de que toda regularización administrativa terminará necesariamente en sanción.
La liquidación y la sanción tienen fundamentos diferentes:
La liquidación corrige la cantidad que debía haberse declarado o ingresado.
La sanción castiga una conducta culpable constitutiva de infracción tributaria.
Hacienda puede practicar una liquidación sin que exista una sanción si el contribuyente actuó diligentemente, siguió una interpretación razonable de la norma o si la Administración no consigue acreditar su culpabilidad.
Sin embargo, una vez iniciado el procedimiento de comprobación, el contribuyente ya no puede garantizar que la presentación de una complementaria vaya a recibir el tratamiento favorable del artículo 27 LGT.
¿Qué sucede si se presenta la complementaria después de recibir una notificación?
Dependerá del contenido y alcance de la actuación administrativa.
Si la notificación está dirigida a comprobar la misma obligación, impuesto y período que se pretende corregir, normalmente existirá un requerimiento previo y no será aplicable el régimen de recargos por declaración extemporánea.
La presentación posterior podrá ser valorada como colaboración o reconocimiento de los hechos, pero no convierte necesariamente la regularización en espontánea ni excluye la sanción.
Por el contrario, una actuación administrativa relativa a otro impuesto, otro ejercicio o una cuestión sin relación con el error puede no impedir la aplicación del artículo 27. Será necesario analizar el alcance concreto de la notificación.
Una carta informativa también puede ser relevante
No toda comunicación de Hacienda constituye un requerimiento previo, pero tampoco debe ignorarse.
Las llamadas «cartas aviso» o comunicaciones informativas deben examinarse para determinar si se limitan a facilitar datos al contribuyente o si constituyen una actuación formalmente dirigida a regularizar una obligación concreta.
Lo decisivo no es el título del documento, sino su contenido, la información que solicita y su relación con el impuesto y período que se desea corregir.
¿Y si Hacienda ya conoce los datos pero todavía no ha notificado nada?
El hecho de que Hacienda disponga de información suministrada por bancos, clientes, proveedores, plataformas digitales u otras Administraciones no impide, por sí solo, aplicar el artículo 27.
Para que exista requerimiento previo debe haberse realizado una actuación administrativa con conocimiento formal del obligado tributario dirigida a comprobar o regularizar la obligación.
Por tanto, mientras no se haya recibido una actuación con esas características, todavía puede existir la posibilidad de regularizar voluntariamente. No obstante, cuanto más se demore la decisión, mayor será el recargo y mayor el riesgo de que Hacienda se adelante.
Regularizar puede extender sus efectos a otros períodos
La presentación voluntaria de una declaración puede tener consecuencias sobre ejercicios distintos.
Por ejemplo, la corrección de un gasto indebidamente deducido puede modificar:
Bases imponibles negativas.
Deducciones pendientes.
Cuotas de IVA o IGIC a compensar.
Reservas fiscales.
Amortizaciones futuras.
Retenciones e ingresos a cuenta.
Declaraciones informativas.
No siempre basta con presentar una única autoliquidación complementaria. La regularización debe abarcar todas las obligaciones y períodos afectados para evitar que subsistan errores que posteriormente puedan ser sancionados.
Regularizar voluntariamente tampoco impide una comprobación
Hacienda conserva la facultad de comprobar la autoliquidación presentada, revisar la cuantía ingresada y analizar otras partidas.
La ventaja del artículo 27 se refiere a la obligación voluntariamente declarada de forma correcta y completa. No protege frente a:
Datos falsos o inexactos incluidos en la complementaria.
Partidas no regularizadas.
Otros impuestos o ejercicios relacionados.
Incumplimientos formales independientes.
Errores que continúen produciendo efectos en períodos posteriores.
Por tanto, la regularización debe ser completa, coherente y documentalmente justificable.
Esperar a la inspección no es una estrategia neutral
Cuando el contribuyente conoce el error y decide no corregirlo, asume varios riesgos:
Que aumente el coste económico del incumplimiento.
Que Hacienda practique una liquidación con intereses desde el vencimiento original.
Que se inicie un procedimiento sancionador.
Que aparezcan errores relacionados en otros períodos.
Que se pierdan pruebas o documentos necesarios para explicar la operación.
Que la conducta posterior sea valorada al analizar la culpabilidad.
Regularizar voluntariamente no siempre será la única decisión posible. Antes deben comprobarse la existencia real del error, la prescripción y los criterios jurídicos discutibles. Pero cuando la deuda es clara, esperar a que Hacienda actúe suele ser la alternativa de mayor riesgo.
Procedimiento práctico para realizar una regularización fiscal voluntaria
La regularización voluntaria no debería consistir en presentar apresuradamente una declaración complementaria. Antes de reconocer e ingresar una deuda es necesario verificar que existe realmente un error, determinar su alcance y preparar correctamente la documentación.
Un procedimiento ordenado puede dividirse en las siguientes fases.
1. Identificar el error
El primer paso consiste en determinar qué se declaró incorrectamente.
Los errores más frecuentes son:
Ingresos no incluidos.
Gastos deducidos sin cumplir los requisitos.
Facturas contabilizadas en un período equivocado.
Cuotas de IVA o IGIC deducidas indebidamente.
Retenciones no practicadas o no ingresadas.
Beneficios fiscales aplicados sin cumplir sus condiciones.
Operaciones vinculadas valoradas incorrectamente.
Subvenciones o indemnizaciones no declaradas.
Bases imponibles negativas o deducciones calculadas erróneamente.
Debe diferenciarse entre un simple error contable y un error con efecto tributario. No toda corrección contable obliga a presentar una autoliquidación complementaria.
2. Comprobar si la corrección perjudica o beneficia al contribuyente
La vía de rectificación depende del resultado del error.
Si la declaración original produjo un ingreso inferior al debido o una devolución superior a la procedente, normalmente habrá que presentar una autoliquidación complementaria.
Si el error perjudicó al contribuyente porque pagó de más o solicitó una devolución inferior, deberá utilizarse el procedimiento de rectificación que corresponda. En los tributos en los que se haya implantado la autoliquidación rectificativa, deberá emplearse este sistema.
No debe presentarse una complementaria para solicitar una devolución o reducir una deuda, porque la autoliquidación complementaria está concebida para producir un resultado adicional a ingresar o una devolución inferior.
3. Verificar la prescripción
Antes de presentar cualquier documento debe comprobarse si ha prescrito el derecho de Hacienda a liquidar la deuda.
Como regla general, el plazo es de cuatro años, pero su cálculo puede verse afectado por:
La fecha de finalización del plazo de presentación.
Declaraciones anteriores.
Requerimientos de Hacienda.
Recursos o reclamaciones.
Actuaciones inspectoras.
Interrupciones de la prescripción.
Reglas especiales de determinados impuestos.
Presentar una autoliquidación complementaria interrumpe la prescripción. Por eso no debe reconocerse una deuda posiblemente prescrita sin haber analizado previamente el expediente.
4. Comprobar si existe requerimiento previo
Debe revisarse el buzón de notificaciones electrónicas y cualquier comunicación recibida de la Agencia Tributaria o de la Administración tributaria autonómica competente.
Hay que identificar:
La fecha de notificación.
El impuesto afectado.
El período comprobado.
El alcance de las actuaciones.
La documentación solicitada.
La relación entre el requerimiento y el error detectado.
Si ya existe una actuación formal relacionada con la misma obligación, la presentación puede no considerarse espontánea y, por tanto, no resultar aplicable el artículo 27 LGT.
5. Determinar todos los períodos e impuestos afectados
Un error puede tener efectos en cadena.
Por ejemplo, eliminar un gasto del Impuesto sobre Sociedades puede aumentar el resultado contable, modificar la reserva de capitalización o nivelación, reducir las bases negativas pendientes y afectar a los pagos fraccionados posteriores.
Del mismo modo, corregir una factura puede obligar a revisar:
El IVA o IGIC.
El Impuesto sobre Sociedades o el IRPF.
Las retenciones.
Los libros registro.
Las declaraciones informativas.
El modelo 347 o el modelo 349.
La regularización debe diseñarse de manera conjunta para evitar contradicciones entre modelos.
6. Reconstruir los cálculos
Debe prepararse una conciliación entre la declaración presentada y la declaración correcta.
Resulta aconsejable elaborar un cuadro en el que consten:
Concepto | Declarado | Correcto | Diferencia |
Ingresos | |||
Gastos deducibles | |||
Base imponible | |||
Deducciones | |||
Cuota | |||
Pagos a cuenta | |||
Resultado final |
Este documento facilitará la presentación y permitirá explicar posteriormente la regularización si Hacienda decide comprobarla.
7. Preparar y conservar la documentación justificativa
La regularización debe apoyarse en documentos que permitan acreditar el origen del error y la corrección efectuada.
Pueden resultar necesarios:
Facturas.
Contratos.
Extractos bancarios.
Libros contables.
Asientos de rectificación.
Nóminas y seguros sociales.
Certificados fiscales.
Informes de valoración.
Acuerdos societarios.
Comunicaciones con clientes o proveedores.
Una memoria explicativa de la regularización.
No siempre es necesario adjuntar toda la documentación al presentar la complementaria, pero debe conservarse para una posible comprobación.
8. Presentar la autoliquidación correcta
La declaración extemporánea debe identificar expresamente:
El impuesto.
El ejercicio o período.
La autoliquidación anterior que se rectifica.
La causa de la complementaria.
Las cantidades inicialmente declaradas.
El nuevo resultado.
Cuando la regularización afecta a una obligación que no se había declarado, deberá presentarse la autoliquidación omitida.
No es correcto incluir ingresos o gastos de un ejercicio en la declaración de otro año para intentar compensar el error.
9. Ingresar la deuda o solicitar correctamente su aplazamiento
La presentación y el pago son actuaciones relacionadas, pero distintas.
Si la autoliquidación se presenta sin ingreso una vez finalizado el plazo, puede iniciarse el período ejecutivo y aparecer, además del recargo por presentación extemporánea, el correspondiente recargo ejecutivo.
Si no existe liquidez suficiente, debe valorarse la presentación simultánea de una solicitud de:
Aplazamiento.
Fraccionamiento.
Compensación.
Reconocimiento de deuda con la modalidad de pago procedente.
La solicitud debe formularse correctamente y dentro del momento adecuado. No todas las deudas son aplazables y, dependiendo de su importe y naturaleza, pueden exigirse garantías.
10. Atender la liquidación del recargo
Normalmente, Hacienda notificará posteriormente la liquidación del recargo del artículo 27.
El contribuyente debe comprobar:
Que el número de meses de retraso sea correcto.
Que la base utilizada coincida con la cuota regularizada.
Que no se hayan exigido indebidamente intereses.
Que se aplique la reducción del 25 %, cuando proceda.
Que el plazo de pago indicado sea correcto.
La reducción del recargo está condicionada al pago en plazo tanto del importe reducido como de la deuda regularizada o al cumplimiento del aplazamiento concedido.
11. Corregir la contabilidad y los períodos posteriores
En empresas y profesionales no basta con presentar el modelo tributario. También deben corregirse:
Los asientos contables.
Los libros registro.
Los saldos fiscales pendientes.
Las cuentas anuales, si procede.
Las declaraciones posteriores afectadas.
La contabilidad y las declaraciones deben ofrecer una información coherente. Una complementaria que no se refleje en los libros puede originar discrepancias en una futura comprobación.
12. Conservar un expediente completo de la regularización
Conviene crear un expediente que contenga:
La descripción del error.
Los cálculos realizados.
La normativa y el criterio aplicado.
Las declaraciones originales.
Las autoliquidaciones complementarias o rectificativas.
Los justificantes de presentación y pago.
La liquidación del recargo.
La documentación acreditativa.
Las correcciones contables.
Este expediente permitirá demostrar que la regularización fue completa y voluntaria, así como responder con rapidez si Hacienda solicita aclaraciones.
Lista de comprobación antes de presentar
Antes de realizar la regularización conviene responder afirmativamente a estas preguntas:
¿Existe realmente una deuda y no una diferencia interpretativa defendible?
¿La obligación no está prescrita?
¿No se ha recibido un requerimiento relacionado con ella?
¿Se han identificado todos los impuestos y períodos afectados?
¿Los cálculos han sido revisados?
¿La documentación permite justificar la corrección?
¿Se utilizará el procedimiento adecuado: complementaria o rectificación?
¿Se dispone de liquidez o se ha preparado la solicitud de aplazamiento?
¿Se han previsto los efectos contables y sobre declaraciones posteriores?
¿Se conservará un expediente completo?
La regularización voluntaria ofrece importantes ventajas, pero únicamente cuando se realiza de forma correcta, completa y antes de que exista un requerimiento previo.
Conclusión
Un recargo no es una sanción, aunque ambos obliguen al contribuyente a realizar un desembolso adicional.
El recargo por presentación extemporánea aparece cuando el contribuyente corrige voluntariamente su situación antes de recibir un requerimiento. Su cuantía crece en función del retraso y, conforme al artículo 27 LGT, alcanza el 15 % cuando han transcurrido más de doce meses, añadiéndose entonces los intereses correspondientes al período posterior.
La sanción exige una infracción y una conducta culpable que Hacienda debe probar y motivar. En las infracciones por dejar de ingresar, puede oscilar entre el 50 % y el 150 % de la cuota, aunque posteriormente puedan aplicarse las reducciones legalmente previstas.
Tampoco debe confundirse el recargo por declarar tarde con los recargos ejecutivos del 5 %, 10 % o 20 %, que surgen cuando una deuda no se paga dentro del período voluntario.
La diferencia importa por la cuantía, por las posibilidades de defensa, por los efectos del recurso y por las consecuencias accesorias que pueden acompañar a determinadas sanciones graves o muy graves.
Detectar un error a tiempo y regularizarlo correctamente puede convertir una posible infracción sancionable en un recargo sensiblemente inferior. En materia tributaria, actuar antes de que llegue el requerimiento no solo demuestra voluntad de cumplimiento: puede suponer una diferencia económica considerable.
